domingo, 23 de abril de 2023

MEXICO PROCESA A ES-MILITAR, EXCONTRALMIRANTE, POR INCENDIO EN RECLUSION

      

            

México procesa a exmilitar por muertes en centro de migrantes

hace 23 minutos
Activistas y manifestantes piden la renuncia del jefe del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, en un mural de recordación a las víctimas del incendio de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México el 20 de abril de 2023.

Un juez consideró el sábado que había pruebas suficientes para enjuiciar al militar retirado Salvador González por no cumplir sus obligaciones en relación con el incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez en que murieron 40 personas.

México juzgará al jefe de la agencia migratoria en el estado de Chihuahua, fronterizo con EEUU, por mal manejo del servicio público, lesiones y homicidio relacionados con la muerte de 40 migrantes en un incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez del que era responsable.

El magistrado Juan José Chávez Montes consideró el sábado que había pruebas suficientes para enjuiciar al contralmirante retirado Salvador González por no cumplir sus obligaciones de administrar, proteger y vigilar la aplicación de las leyes vigentes.

El juez decretó que el acusado permaneciera en prisión preventiva en una cárcel civil, aunque tanto su defensa como la fiscalía intentaron sin éxito que fuera trasladado a una prisión militar.

El 27 de marzo un pequeño grupo de migrantes prendió fuego a un colchón para protestar por su detención en condiciones de hacinamiento y apenas sin agua.

El incendio se extendió y el humo cubrió las instalaciones en pocos minutos, y 68 hombres se quedaron encerrados tras las rejas del dormitorio en el que se encontraban sin que los guardias hicieran nada por liberarlos, según se constató en las cámaras de seguridad.

Además de los 40 muertos por asfixia, se registraron casi una treintena de heridos, todos hombres. Las 15 mujeres que se encontraban en el área femenina pudieron salir tras ser liberadas por una de las custodias.

En contraste, los guardias nunca pudieron localizar las llaves de la celda de hombres durante el incendio, y únicamente se encontraron después de que los bomberos ya habían abierto un boquete en el muro para sacar a las víctimas.

Aunque el Instituto Nacional de Migración ha sido objeto de numerosas denuncias por corrupción y otros abusos en contra de migrantes, esta es la primera vez que se procesa a un jefe estatal por homicidio, según confirmó la agencia, que no comentó al respecto.

El suceso, el más letal de estas características ocurrido en México, ha resultado en procesos contra otras siete personas, también por homicidio y lesiones: cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad y el migrante que presuntamente prendió las colchonetas.

Además, el titular del INM, Francisco Garduño, y otro directivo de la agencia han sido acusados por la fiscalía, aunque los tribunales decidirán la próxima semana si existen o no pruebas suficientes para iniciar un juicio penal.

En el caso del contralmirante, el juez consideró que se demostró que era totalmente responsable de las instalaciones en las que ocurrió el siniestro, y dijo que no garantizó que sus subordinados y los guardias de la empresa de seguridad privada cumplieran adecuadamente con sus funciones, desde revisar que no entraran con objetos prohibidos, como cigarros en el dormitorio, o supervisar los planes de emergencia para incendios.

Tampoco evitó el hacinamiento ni las malas condiciones de detención de los migrantes, que protestaban por no tener agua suficiente.

Además, González sabía que las instalaciones eran en realidad una “prisión preventiva” donde los migrantes estaban encerrados con candado, algunos por más de las 36 horas que establece la constitución mexicana, pero no hizo nada para evitarlo.

“Todo al final recae en la cabeza principal”, afirmó Chávez Montes. “No cumplir con las normas sí produce resultados”, letales en esta caso, agregó.

La fiscalía mexicana investiga también posibles actos de corrupción vinculados al contrato de la agencia migratoria con la empresa de seguridad privada que custodiaba el centro de detención, así como faltas e irregularidades del INM que, según sus pesquisas, “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años.

SANCIONES ECONOMICAS POR EEUU, FUE EL PRIMER MANDATARIO EN RECIBIRLAS

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El gobierno de Nicolás Maduro fue el primero en la historia de Venezuela en recibir sanciones económicas, experimentar un ciclo de hiperinflación por 50 meses y ser objeto de investigaciones por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Hoy miércoles cumple 10 años en el poder.

MARACAIBO, VENEZUELA – Nicolás Maduro, heredero político del líder socialista Hugo Chávez Frías, cumple este miércoles 10 años de su juramentación como presidente electo de una Venezuela que ha gobernado surfeando una crisis tras otra.

Maduro ha experimentado cuestionamientos a su legitimidad desde su primer día de gestión, sanciones e inestabilidades económicas, protestas de calle, investigaciones de La Haya y una comunidad internacional que le dio la espalda, con una popularidad de menos 20 %, según firmas como Datanálisis.

Aun así, el mandatario permanece en el poder, liderando entre promesas frecuentes de recuperación económica, depuración interna en su administración y un liderazgo de “mano de hierro”, todavía desde el Palacio de Miraflores, subraya el politólogo venezolano Pablo Andrés Quintero.

Los años 2014, 2017 y 2020 fueron de formación y fortalecimiento de su liderazgo, con una gran cantidad de desaciertos, como la represión”
Pablo Andrés Quintero, politólogo venezolano.

“Su era ha estado llena de desafíos, se ha puesto a prueba desde diferentes ángulos, lo que ha fortalecido su liderazgo” en el partido de gobierno, señala.

El comportamiento de su gobierno, de acuerdo con Quintero, ha sido “esquivar una y otra crisis a lo largo de estos 10 años”.

La Voz de América repasa los hitos más relevantes del madurismo desde la muerte de su padre político, en tiempos cuando aspira a la reelección.

Inicios turbulentos

Maduro asumió la presidencia venezolana antes de ganarla por votación. La muerte de Chávez, con él como vicepresidente del poder ejecutivo, dio paso a que asumiera el cargo en marzo de 2013 entre críticas por inconstitucionalidad del proceso por la oposición.

Un mes luego, derrotó al candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski por un estrecho margen de 220.000 votos en un universo de 15 millones de papeletas.El antichavismo denunció fraude en un proceso plagado de “irregularidades, oscurantismo” y fallos judiciales a favor del oficialismo, recuerda el politólogo Leandro Rodríguez. 

        Miles de manifestantes antichavistas se volcaron a las calles para exigir la renuncia de Maduro hasta en dos oportunidades. En 2014, dirigentes como Leopoldo López llamaron a la gente a protestar en la mayoría de las regiones de Venezuela como una “salida” a una espiral de escasez, delincuencia, inflación y vulneración de derechos civiles.

Luego, en 2017, la oposición reprochó multitudinariamente en las calles la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro, que tacharon de ilegal.

Varios funcionarios vinculados al chavismo, como la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, se expresaron en contra de las decisiones del poder político, mientras la oposición y buena parte de la comunidad internacional condenaban la represión contra los manifestantes.

La derrota electoral y la anulación del Parlamento

Bajo el liderazgo de Maduro, el chavismo perdió abrumadoramente las elecciones del Parlamento nacional en diciembre de 2015. La oposición ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, pero sentencias judiciales declararon la nulidad de sus decisiones por desacatar otro fallo que ordenaba repetir las votaciones de 3 diputaciones indígenas.

Entre sanciones e hiperinflación

La represión de las protestas de 2014, la convocatoria “inconstitucional” de una Asamblea Nacional Constituyente -según la oposición- y la actuación violenta del Estado contra manifestantes en 2017 dieron pie a que Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros bloques de naciones, anunciaran sanciones económicas contra funcionarios del chavismo.

Luego, en 2019, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció sanciones contra las instituciones políticas y financieras del gobierno de Maduro. El oficialismo las consideró como “un bloqueo” y las culpó de la crisis económica nacional.

Economía reprobada

La era de Nicolás Maduro ha estado marcada por una economía “cerrada” con controles del tipo de cambio, de precios de venta al público, de tasas de interés, de la cartera crediticia bancaria y con “talante comunista”, según el economista Aldo Contreras.

Venezuela experimentó 120% de inflación en el primer año de gobierno de Maduro y alcanzó un nivel jamás visto en el país en 2018, al llegar a 2.800.000 %. En los últimos 12 meses, el alza de precios supera el 440 %, de las más altas del mundo, precisa.

El país entró durante 50 meses en un proceso conocido como hiperinflación, una inflación fuera de control y sin tendencia a equilibrarse, entre noviembre de 2018 e inicios de 2022.

El bolívar, la moneda nacional, se ha depreciado sin pausa por la subida, por ejemplo, de hasta 304 % en solo ocho meses del tipo de cambio en su primer año de gobierno, destaca.

En ese contexto, Maduro decidió concretar dos reconversiones monetarias en 2018 y 2021 para eliminar un total de 11 ceros a la expresión de la moneda local.

El Producto Interno Bruto de Venezuela se contrajo “más de 90 %” en los últimos 9 años, detalla Contreras, presidente del Colegio de Economistas del estado andino de Táchira.

“Hubo sectores que se contrajeron al 100 %, como la construcción. El tamaño de la economía era de 460.000 millones de dólares cuando Maduro asumió el poder y ahora es de 162.000 millones de dólares”, especifica el también docente universitario.

Las reservas internacionales del país eran de 22.000 millones de dólares en 2014, pero ahora alcanzan los 9.600 millones, con un salario mínimo mensual equivalente a menos de 6 dólares.

“Más de 80 % de la población tiene salarios que no pueden cubrir ni la canasta alimentaria. Es un Estado que no logra resolver los problemas económicos primarios”, advierte.

El poder cuestionado

Maduro ganó las elecciones presidenciales de 2018 con un amplio margen sobre candidatos independientes, pues la oposición no participó en ellas, tachándolas de ilegales y fraudulentas por haber sido convocadas por la Asamblea Constituyente oficialista.

La Asamblea Nacional de 2015 desconoció esos resultados y acusó a Maduro de usurpar el poder desde el 10 de enero de 2019. Ese acto incluyó la juramentación de Juan Guaidó, entonces presidente de aquel parlamento, como mandatario encargado del país.

Al menos 60 gobiernos desconocieron a Maduro y se inició la formación de un gobierno interino opositor, que duró 4 años. La opinión pública internacional resultó “bastante tóxica” para el líder chavista, según el analista Pablo Andrés Quintero.

Las elecciones de 2018 conllevaron “la pérdida del último vestigio de legalidad” de la administración de Maduro en Venezuela, opina, por su parte, Rodríguez Linárez.

   

La migración sin precedentes

Al menos 7,2 millones de venezolanos han emigrado de su país por la crisis política, económica, social y de derechos humanos existente en los últimos años, con especial acento desde la ascensión al poder de Nicolás Maduro, según la plataforma de cooperación interagencial para refugiaos y migrantes conocida como R4V.

Se trata del “peor éxodo del mundo” desde un país sin conflicto armado, como en Siria o Ucrania, subraya el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.

Las investigaciones de La Haya y la ONU

La Corte Penal Internacional decidió en noviembre de 2021 abrir una investigación sobre Venezuela por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, como encarcelaciones, torturas, violencia sexual y persecución contra la población por motivos políticos por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y simpatizantes del gobierno.

Maduro respondió inicialmente con la firma de un memorando de cooperación con el fiscal de la CPI, Karim Khan, pero ha criticado últimamente su rol por presunta parcialidad.

Aquella investigación inició en fase de examen preliminar en febrero de 2018. También, una misión independiente de determinación de hechos de las Naciones Unidas y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos indagaron in situ y denunciaron la comisión de graves violaciones a derechos fundamentales de los venezolanos por el gobierno.

     

La mancha de la corrupción

Varios escándalos de corrupción milmillonaria han tintado la cara del gobierno madurista, especialmente en la industria petrolera. El fiscal general Tarek William Saab, antiguo gobernador y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, acusó al expresidente de la estatal PDVSA, Rafael Ramírez, de haber desfalcado 4.800 millones de dólares al Estado.

Tareck El Aissami, hombre de confianza de Maduro, respaldó esas acusaciones mientras ejercía como presidente de PDVSA y ministro de Petróleo hasta que, en marzo pasado, renunciara tras el desmantelamiento de una red de corrupción que habría dejado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar en las operaciones petroleras del país.

Una oposición sin éxito

La oposición venezolana no ha logrado desalojar a Maduro del poder a pesar de calificarlo como un “usurpador” de la Presidencia y de denunciar la ruptura del orden constitucional.

Maduro ha sobrevivido políticamente a las protestas de calle de 2014 y 2017, un presunto atentado con drones cargados de explosivos en 2018, el desconocimiento de su legitimidad en 2019 y un intento de golpe de Estado cívico militar en su contra ese mismo año.

Según analistas como Quintero y Rodríguez Linárez, gran parte de la responsabilidad de los fallos políticos de la estrategia contra Maduro y el chavismo es de la misma oposición.

“El país no se ha encontrado con una oposición que se oponga realmente, sino que sigue la agenda del chavismo”, observa Rodríguez Linárez.  

UTOPIA MIGRATORIA. EEUU. RELATO MIGRANTE VENEZOLANA. 2023

 

       El impacto de escuchar al otro lado del teléfono la tristeza y decepción de una joven inmigrante que hace poco había llegado a Estados Unidos, y a quien había entrevistado un par de meses atrás cuando arribó a Washington, D.C., me motivó para ir al día siguiente a su encuentro.

Con cuatro meses de embarazo, *Rosa, había llegado como indocumentada a Estados Unidos. Caminando, atravesó medio continente para entrar a través de la frontera sur. Al llegar, descubrió que su odisea, en la que en varias ocasiones estuvo a punto de perder a su bebé, no había terminado. La determinación del gobernador de Texas, Gregg Abbot, de enviar a las personas indocumentadas a ciudades santuario, fue su recibimiento. El gobernador asegura que con su medida busca poner en evidencia la difícil situación que atraviesan los estados fronterizos con México, por el aumento de inmigrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense.

Con base en la directiva del gobierno de Texas, Rosa aceptó tomar el bus a la capital estadounidense. En un recorrido de tres días desde la frontera sur, por lo menos 6.000 inmigrantes han llegado a Washington, D.C. y otras ciudades.

El destino de Rosa y su esposo era Delaware, donde los esperaban otros retos.

Ella soñaba con los rascacielos de ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Sin embargo, al alejarse de la capital, la arquitectura urbana y cosmopolita se fue desvaneciendo, para dar paso a extensos campos de cultivo y la vida rural, algo que también impactó su percepción de lo que se imaginaba que iba a encontrar en Estados Unidos.

Cuando la encontré, no pude reconocerla. Su menuda figura ya dejaba ver el avanzado estado de embarazo y, aferrada a su pareja, la venezolana, que ahora lucía un semblante más adulto, me permitió acompañarla a su chequeo de control prenatal.

Ese momento, del cual fui testigo de excepción, fue otra circunstancia impactante en la vida de esta pareja. La incertidumbre a la que se habían visto sometidos no disminuyó con lo que encontraron en el consultorio médico. Ya para este momento, la pareja manifestaba abiertamente que estaba arrepentida de emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

 El de Rosa y su pareja no es el único caso que pude documentar en menos de 48 horas sobre el arrepentimiento de haber llegado a Estados Unidos en las condiciones que lo hicieron.

El colombiano Luis Huertas nunca pensó que un puño en su ojo marcara su llegada a Washington D.C. Igual que Rosa y su pareja, fue recibido por una organización pro inmigrante en la estación de metro en la capital estadounidense, pero debido a la incapacidad de la ciudad para recibir la avalancha de personas indocumentadas llegando, no encontró refugio ni siquiera para pernoctar. Así fue como Luis, en condición de persona sin hogar, fue agredido físicamente en la calle. Cuatro días después, cuando lo conocí, no sabía qué pasaría con su ojo. Su estatus de indocumentado no le había permitido ser examinado por personal de salud ni siquiera en el interior de una ambulancia.

Estas dos historias evidencian los retos que actualmente están afrontando por lo menos 6.000 migrantes indocumentados que han llegado a Washington. D.C. enviados desde Texas y recientemente, también desde Arizona.

De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, sólo en el mes de junio 207.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera sur. Para Tatiana Laborde, Jefe de Operaciones de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, que actualmente trabaja desde Washington, para ayudar a esta población gracias el desembolso inicial de 1 millón de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, la capital “se ha vuelto una ciudad fronteriza artificial”.

La otra mirada la tienen organizaciones pro inmigrantes, como CARECEN, que desde abril, cuando llegaron los primeros buses, recibieron a los indocumentados con donaciones de comida, alimentos, alojamiento e incluso tiquetes para que llegaran a su destino final. Sin embargo, Abel Núñez, su director ejecutivo, asegura que ya no hay recursos, y “cuando viene la gente, porque siguen viniendo, se va a encontrar que no hay mucho, hay menos de lo que había antes, y lo que había antes era poco”.

Por su parte, la alcaldía de Washington ya recibió la negación por parte del Departamento de Defensa para usar agentes y el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional como apoyo en la tarea de recibir inmigrantes, una propuesta que le costó a la alcaldesa, Muriel Bowser, el desagravio de grupos pro inmigrantes, al considerar que era una militarización de la ciudad santuario. Pero según Larry Villegas, de la Oficina de Derechos Humanos, “el gobierno de DC solamente no va a poder cubrir esa necesidad”.

Por ahora, la administración del presidente Joe Biden le dice a la población migrante que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y avanza sobre los acuerdos migratorios alcanzados en la IX Cumbre de las Américas, por lo que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EEUU, viajó recientemente a Guatemala para hacer un seguimiento.

A través de estos testimonios, la serie original de la Voz de América Utopía Migratoria evidencia los retos que actualmente están afrontando miles de inmigrantes indocumentados que han llegado recientemente a Washington. D.C., enviados desde la frontera.

De acuerdo con expertos en migración, indocumentados con un destino final planeado, como Rosa y su pareja, o personas sin ningún contacto en Estados Unidos afrontan un sinnúmero de sufrimientos, retos y barreras causadas en gran parte por la desinformación, sumada a las ansias de cumplir con el imaginario sueño americano, que convierte los anhelos de los inmigrantes en una utopía.

*Rosa: Nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada.


Fiscalía de Venezuela investiga corrupción en conglomerado estatal de aluminio y acero

 

El fiscal general de Venezuela dijo que inició una investigación por hechos de corrupción en la estatal Corporación Venezolana de Guayana.

El fiscal general de Venezuela dijo el viernes que inició una investigación por hechos de corrupción en la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el conglomerado que agrupa a las empresas de acero, hierro y aluminio.

La fiscalía está indagando casos de corrupción en la petrolera PDVSA y en una entidad gubernamental que supervisa transacciones con criptomonedas. Las investigaciones ahora se extienden al conglomerado estatal de hierro y acero con la designación de tres fiscales, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

Cinco funcionarios de la CVG, incluido su presidente Pedro Maldonado, habrían sido detenidos por la policía anticorrupción, escribió el periódico Últimas Noticias, relacionado con el gobierno.

Saab dijo que fueron detenidos dos funcionarios de la dirección de producción de la faja del Orinoco, Jackeline Perico y José Lima, quienes "serán imputados por la corrupción" en PDVSA.

Unas 21 personas entre funcionarios, empresarios y un diputados ya fueron detenidas e imputadas por investigaciones vinculadas con las pérdidas que ha tenido PDVSA cuando tanqueros salieron del país con cargamentos que no habían sido pagados en su totalidad, dijeron las autoridades.


La operación anticorrupción que se lleva a cabo en Venezuela es un movimiento interno que busca afianzar el círculo de poder del presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones del 2024, según analistas.

La renuncia del ministro de Petróleo de Venezuela Tareck El Aissami y la detención de funcionarios de su círculo de confianza por presunta corrupción son parte de “un terremoto político” aún en marcha dentro del oficialismo venezolano, que beneficia el poder de la corriente política que lidera el presidente Nicolás Maduro, según analistas.

El Aissami, también ex vicepresidente del poder ejecutivo de Venezuela y uno de los políticos de esa nación reclamados penalmente por el gobierno de Estados Unidos, renunció a su cargo como zar petrolero tras la detención de una serie de políticos y agentes económicos de su entorno, entre ellos el superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez.

Las detenciones son parte de una cruzada nacional contra casos de malversación de fondos e irregularidades en operaciones que involucran al Tribunal Supremo de Justicia, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y algunas alcaldías del país, confirmó Maduro.

La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo”.
Luis Peche Arteaga, analista político.

Se trata apenas del “primer poderoso golpe a los mafiosos” que “se han enquistado del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político” del país, dijo Maduro, quien subrayó que ha dirigido “personalmente” esas investigaciones.

La facción de Maduro y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y presidente del Parlamento, respectivamente, concretaron un movimiento político sumamente calculado para “garantizar más gobernabilidad interna”, indicó el politólogo Pablo Andrés Quintero.

El presidente venezolano “busca afianzar más su poder y su círculo de influencia en personas más leales y cercanas”, dijo Quintero a la Voz de América.

A su juicio, Maduro y los hermanos Rodríguez “están buscando limpiar la casa” de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde se prevé que el presidente aspire a la reelección con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Quintero cree que el oficialismo busca preparar un escenario para “tomar decisiones un poco más individuales en la cúpula de poder de Maduro y los hermanos Rodríguez”.

“Están preservando el escenario de 2024, [buscando] construir mejores alianzas y tener a sus cuadros más cohesionados, fortalecidos, que no estén con otros sectores del poder, sino con el mismo presidente. Están despejando la casa, apagando las llamas que están encendidas para atender la campaña electoral”, señaló.

Movimientos internos

La corriente de poder de el Aissami, influyente en los asuntos económicos y en las conexiones del oficialismo con el mundo árabe, queda desactivada a partir de esta operación anticorrupción, coincide el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.

“A lo interno del gobierno, en el PSUV, parecen erguirse solo dos líneas [de poder], la de Maduro y la de los hermanos Rodríguez”, dijo a la VOA.

El analista da por sentado que la influencia de Diosdado Cabello, diputado y exvicepresidente que era considerado el número dos del chavismo, fue relevada “hace tiempo” de los círculos de poder y que “solo cumple funciones mediáticas”.

“La guerra contra la corrupción, enarbolada por el régimen, en nada beneficiará al país. Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”, afirmó.

Rodríguez Linárez también señala un aparente intento del chavismo de “lavarse la cara” en un contexto electoral, a pesar de las graves denuncias de corrupción en su contra.

La oposición acusa al oficialismo de haber malversado al menos 500.000 millones de dólares desde 1999.

Esta última operación política y policial “mueve el piso en las estructuras del PSUV, eliminando subvertientes, favoreciendo a las corrientes de Maduro y los hermanos Rodríguez, quienes finalmente acumulan el poder en Venezuela”, explicó el analista.

Terremoto con mensaje

Luis Peche Arteaga, analista político y especialista en asuntos internacionales, considera que “un terremoto político” está en plena evolución dentro del chavismo venezolano.

La salida de El Aissami se enmarca en un momento de negociaciones directas de Maduro con el gobierno de EEUU para asuntos bilaterales y posibles avances para la reinstitucionalización de Venezuela antes de las presidenciales de 2024, dijo a la VOA.

“La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo por parte del chavismo”, expresó Peche Arteaga, y recordó que el hoy exministro fue uno de los primeros acusados penalmente por EEUU por varios delitos, entre los que destaca el narcotráfico.

EEUU extendió por seis meses los alcances de una licencia que estaba a punto de vencer para que la empresa Chevron extraiga y exporte a Norteamérica crudo venezolano. Mientras Caracas pide suspender las sanciones económicas del todo, EEUU dice esperar avances en las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición, y reitera su advertencia de que es posible revertir la flexibilización de sus políticas si no hay progreso en esos debates.

Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”.
Leandro Rodríguez Linárez, politólogo.

Quintero, por su parte, advierte que Maduro pudiera aprovechar el momento para enjuiciar a Juan Guaidó, quien lo denunció como usurpador de la presidencia y al que 50 gobiernos reconocieron como mandatario interino entre enero de 2019 e inicios de este año.

Maduro solicitó el lunes aplicar las leyes contra Guaidó, a quien llamó “ladrón” y “bandido”.

“Pido justicia por el dinero robado por esa ultraderecha también, que ha indignado tanto. Fueron los que pidieron las medidas de sanciones contra la economía venezolana, contra el pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario.


La operación anticorrupción que se lleva a cabo en Venezuela es un movimiento interno que busca afianzar el círculo de poder del presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones del 2024, según analistas.

La renuncia del ministro de Petróleo de Venezuela Tareck El Aissami y la detención de funcionarios de su círculo de confianza por presunta corrupción son parte de “un terremoto político” aún en marcha dentro del oficialismo venezolano, que beneficia el poder de la corriente política que lidera el presidente Nicolás Maduro, según analistas.

El Aissami, también ex vicepresidente del poder ejecutivo de Venezuela y uno de los políticos de esa nación reclamados penalmente por el gobierno de Estados Unidos, renunció a su cargo como zar petrolero tras la detención de una serie de políticos y agentes económicos de su entorno, entre ellos el superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez.

Las detenciones son parte de una cruzada nacional contra casos de malversación de fondos e irregularidades en operaciones que involucran al Tribunal Supremo de Justicia, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y algunas alcaldías del país, confirmó Maduro.

La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo”.
Luis Peche Arteaga, analista político.

Se trata apenas del “primer poderoso golpe a los mafiosos” que “se han enquistado del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político” del país, dijo Maduro, quien subrayó que ha dirigido “personalmente” esas investigaciones.

La facción de Maduro y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y presidente del Parlamento, respectivamente, concretaron un movimiento político sumamente calculado para “garantizar más gobernabilidad interna”, indicó el politólogo Pablo Andrés Quintero.

El presidente venezolano “busca afianzar más su poder y su círculo de influencia en personas más leales y cercanas”, dijo Quintero a la Voz de América.

A su juicio, Maduro y los hermanos Rodríguez “están buscando limpiar la casa” de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde se prevé que el presidente aspire a la reelección con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Quintero cree que el oficialismo busca preparar un escenario para “tomar decisiones un poco más individuales en la cúpula de poder de Maduro y los hermanos Rodríguez”.

“Están preservando el escenario de 2024, [buscando] construir mejores alianzas y tener a sus cuadros más cohesionados, fortalecidos, que no estén con otros sectores del poder, sino con el mismo presidente. Están despejando la casa, apagando las llamas que están encendidas para atender la campaña electoral”, señaló.

Movimientos internos

La corriente de poder de el Aissami, influyente en los asuntos económicos y en las conexiones del oficialismo con el mundo árabe, queda desactivada a partir de esta operación anticorrupción, coincide el politólogo Leandro Rodríguez Linárez.

“A lo interno del gobierno, en el PSUV, parecen erguirse solo dos líneas [de poder], la de Maduro y la de los hermanos Rodríguez”, dijo a la VOA.

El analista da por sentado que la influencia de Diosdado Cabello, diputado y exvicepresidente que era considerado el número dos del chavismo, fue relevada “hace tiempo” de los círculos de poder y que “solo cumple funciones mediáticas”.

“La guerra contra la corrupción, enarbolada por el régimen, en nada beneficiará al país. Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”, afirmó.

Rodríguez Linárez también señala un aparente intento del chavismo de “lavarse la cara” en un contexto electoral, a pesar de las graves denuncias de corrupción en su contra.

La oposición acusa al oficialismo de haber malversado al menos 500.000 millones de dólares desde 1999.

Esta última operación política y policial “mueve el piso en las estructuras del PSUV, eliminando subvertientes, favoreciendo a las corrientes de Maduro y los hermanos Rodríguez, quienes finalmente acumulan el poder en Venezuela”, explicó el analista.

Terremoto con mensaje

Luis Peche Arteaga, analista político y especialista en asuntos internacionales, considera que “un terremoto político” está en plena evolución dentro del chavismo venezolano.

La salida de El Aissami se enmarca en un momento de negociaciones directas de Maduro con el gobierno de EEUU para asuntos bilaterales y posibles avances para la reinstitucionalización de Venezuela antes de las presidenciales de 2024, dijo a la VOA.

“La salida de El Aissami se da en el momento en el cual se está gestando una especie de nueva era en el manejo del petróleo por parte del chavismo”, expresó Peche Arteaga, y recordó que el hoy exministro fue uno de los primeros acusados penalmente por EEUU por varios delitos, entre los que destaca el narcotráfico.

EEUU extendió por seis meses los alcances de una licencia que estaba a punto de vencer para que la empresa Chevron extraiga y exporte a Norteamérica crudo venezolano. Mientras Caracas pide suspender las sanciones económicas del todo, EEUU dice esperar avances en las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición, y reitera su advertencia de que es posible revertir la flexibilización de sus políticas si no hay progreso en esos debates.

Se corresponde más con movimientos internos de poder en el castrismo venezolano”.
Leandro Rodríguez Linárez, politólogo.

Quintero, por su parte, advierte que Maduro pudiera aprovechar el momento para enjuiciar a Juan Guaidó, quien lo denunció como usurpador de la presidencia y al que 50 gobiernos reconocieron como mandatario interino entre enero de 2019 e inicios de este año.

Maduro solicitó el lunes aplicar las leyes contra Guaidó, a quien llamó “ladrón” y “bandido”.

“Pido justicia por el dinero robado por esa ultraderecha también, que ha indignado tanto. Fueron los que pidieron las medidas de sanciones contra la economía venezolana, contra el pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario.